En un total de cuatro jornadas se realizaron las audiencias de conciliación, pruebas y alegatos en demanda por daño ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de dos inmobiliarias en la zona costera de Valdivia.
El Tercer Tribunal Ambiental llevó a cabo la última de cuatro extensas jornadas, en que tres de ellas correspondieron a las audiencias de prueba, donde los ministros pudieron escuchar la declaración de testigos expertos como testigos simples, tanto del demandante como del demandado. En una cuarta jornada, realizada el martes 28 de agosto, el Tribunal recibió los alegatos finales de ambas partes.
Se trata de una demanda por daño ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., Inmobiliaria Pilolcura Ltda y tres personas naturales vinculadas con dichas sociedades, ya que a juicio del Consejo de Defensa de Estado, las obras de cuatro proyectos inmobiliarios ubicados en la zona costera de Valdivia, región de Los Ríos (Cutipay I, Cutipay II, Pilolcura y Canelales sector Pellines) causaron daño al medio ambiente y la salud de las personas.
En la audiencia de alegatos, el Consejo de Defensa del Estado reiteró la solicitud al Tribunal que se declare la existencia del daño ambiental causado y se condene a los responsables a repararlo materialmente conforme a la Ley 19.300. Indicó que los elementos que están en juego son: la existencia de la acción dañosa de las demandadas, la existencia de culpa o dolo, el menoscabo significativo de diversos componentes ambientales, y la relación de causalidad. También expusieron sus alegatos los terceros coadyuvantes del demandante, Municipalidad de Valdivia y comunidad.
Por su parte, los demandados alegaron, principalmente, la inexistencia de los elementos del daño ambiental, los que no habrían sido acreditados por las demandantes.
Otras etapas del proceso judicial
En julio del año 2022, el Tribunal propuso a las partes bases de conciliación que contemplaban diferentes objetivos y planes de trabajo para cada proyecto, sin embargo, las partes no llegaron a acuerdo.
El 2 de febrero del mismo año, el Tribunal ordenó, como medida cautelar, paralizar y prohibir la ejecución de obras y acciones de los proyectos en cuestión y ordenó el retiro de maquinaria, enseres y equipos de construcción de los predios en que se desarrollan dichos proyectos. Lo anterior, dado que dichos proyectos generaban un riesgo para diversos componentes ambientales.
Detalles de la causa y bases de conciliación en el expediente D-2-2022
