Se acogieron las reclamaciones que buscaban anular la resolución de la SMA que aprobó el Programa de Cumplimiento del Centro de Cultivo de Salmones Muñoz Gamero 1, ubicado al interior de la Reserva Nacional Kawésqar en Magallanes.
En el marco de un procedimiento administrativo sancionador por sobreproducción, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aprobó el Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por la empresa Australis Mar, respecto del Centro de Cultivo de Salmones Muñoz Gamero 1, ubicado al interior de la Reserva Nacional Kawésqar en Magallanes. Ante dicha situación, doña Florencia Ortúzar Greene, doña Cristina Lux Acuña, la Fundación Greenpeace Pacífico Sur (R-6-2025) y la Comunidad Indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar (R-7-2025), interpusieron reclamaciones de ilegalidad ante el Tercer Tribunal Ambiental buscando anular la resolución de la SMA que aprobó el PdC y ordenar la continuación del procedimiento administrativo sancionador.
Antes de entrar al fondo del asunto, el Tribunal analizó las alegaciones de la SMA y de la empresa sobre la falta de legitimación activa de dos de las reclamantes. Al respecto, determinó que doña Cristina Lux Acuña, una de las reclamantes de R-6-2025, no entregó justificación para comparecer por sí en la reclamación. En consecuencia, se acogió la alegación referida a la falta de legitimación activa de dicha reclamante. Por otro lado, el Tribunal estableció que la Fundación Greenpeace Pacífico Sur (R-6-2025) y la Comunidad Indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar (R-7-2025), sí cuentan con legitimación activa para impugnar el acto administrativo dictado por la SMA, dado que son directamente afectadas por dicha resolución.
Respecto del impedimento para la presentación del PdC, el Tribunal estableció que la controversia radica en las diferentes interpretaciones que tienen las partes sobre el concepto de “infractor”, empleado en la Ley Orgánica de la SMA y en el D.S. N° 30/2012 al establecer los límites para acogerse a este instrumento de incentivo al cumplimiento, así como en la aplicación del impedimento en cuestión. Al respecto, señaló que, siguiendo el sentido con que el legislador y el regulador utilizan la expresión “infractor” en la normativa aplicable, los arts. 42 inciso tercero de la LOSMA y 6 letra c) del DS N° 30/2012 no pueden sino referirse a la persona natural o jurídica responsable de la infracción, es decir, en este caso, a Australis Mar S.A. En este sentido, el Tribunal determinó que, en el caso concreto, el Titular se encontraba impedido de presentar un PdC, dado que en ocasiones anteriores ya había presentado varios PdC por infracciones graves dentro del plazo de tres años contemplado en el art. 42 de la LOSMA.
Por lo anterior, el Tribunal acogió las reclamaciones interpuestas por doña Florencia Ortúzar Greene, la Fundación Greenpeace Pacífico Sur (R-6-2025) y la Comunidad Indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar (R-7-2025) y, en consecuencia, ordenó anular totalmente la resolución reclamada y la prosecución del procedimiento administrativo sancionatorio.