Comunidades indígenas, vecinos y asociación de turismo piden que se revoque la RCA del proyecto; mientras que el SEA y la empresa aseguran que la aprobación se ajustó a derecho.
El Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, escuchó este martes los alegatos en las reclamaciones interpuestas por comunidades indígenas, vecinos y la Asociación de Turismo de Hualaihué, en contra de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que rechazó las reclamaciones administrativas contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Piscicultura San Joaquín, en Hualaihué, Región de Los Lagos, de propiedad de Piscicultura San Joaquín SpA.
Durante la audiencia, las reclamantes alegaron que la operación del proyecto podría alterar la calidad del agua del río Cisnes, lo que se vería refrendado por los pronunciamientos de la Seremi de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Subsecretaría de Medio Ambiente, que en distintas instancias recomendaron rechazar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, por la insuficiencia de información que permita descartar efectos significativos en dicho cauce de agua.
Según los reclamantes, dichos pronunciamientos no fueron debidamente considerados en la RCA ni en la resolución que rechazó sus reclamaciones administrativas, y no existirían antecedentes en el expediente de evaluación ambiental que descarten los riesgos descritos por esos servicios públicos.
Además, cuestionaron la metodología utilizada por el SEA para desestimar la necesidad de un Proceso de Consulta Indígena, ya que el servicio solo se habría reunido con dos personas del sector, que no acreditaron ser representantes indígenas y sin que se acompañara al expediente el contenido de esa exposición.
El SEA reconoció que servicios sectoriales objetaron la rigurosidad de la información entregada por el titular del proyecto y recomendaron rechazar la DIA. Sin embargo, sostuvo que dichos pronunciamientos se produjeron porque los servicios públicos no revisaron exhaustivamente el expediente de evaluación ambiental.
Según el SEA, una revisión correcta del expediente permitió descartar los riesgos alertados por los servicios y concluir que no se afectaría la calidad del agua del río Cisnes. Además, para confirmar que la modelación que descarta impactos es correcta, se estableció un plan de monitoreo de variables ambientales con una periodicidad más intensa en períodos de estiaje.
En la audiencia participó también la empresa titular del proyecto, que aseguró que no se producirán efectos significativos a la biota y la calidad del agua del río Cisnes y no se generarán efectos acumulativos.
El Tribunal, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi y Sr. Jorge Retamal Valenzuela, determinó dejar la causa en estudio.
Más antecedentes de la causa pueden ser vistos en el expediente electrónico R-12-2019
