Por Jorge Retamal Valenzuela, Ministro Titular del Tercer Tribunal Ambiental.
Originalmente publicado el 7 de agosto en El Mercurio legal.
La irrupción de tribunales de composición mixta está generando un cambio necesario del paradigma tradicional de cómo se enseña derecho en nuestro país. Así, ramas como el derecho ambiental hacen necesaria la transdisciplinariedad de los análisis y la formación de equipos en los cuales la clave sea el trabajo compartido en que todas las ciencias, naturales, sociales, económicas y jurídicas confluyan en un solo objetivo, para poder satisfacer las necesidades de las nuevas relaciones jurídicas que comenzarán a discutirse en los foros del mañana.
En el Derecho ambiental ocurre esta dinámica. Nos vemos rodeados de especificaciones técnicas y elementos ingenieriles que el derecho regula basándose mayoritariamente en los principios que orientan las bases de las ciencias exactas antes mencionadas, e incluso haciendo eco de aquellos. En el Derecho ambiental se da un claro ejemplo de la necesidad de la vinculación técnico científica para su comprensión, estando el derecho al servicio de las ciencias en esta ocasión. Ello además sucede por la naturaleza y complejidad propia del ambiente, de nuestro entorno, en que una serie de relaciones dinámicas confluyen entre sí para mostrarnos a los ojos el resultado de un paisaje limpio, o un sol brillante, o incluso el resultado de las alteraciones antrópicas. Las dinámicas de la naturaleza no son explicables con la sola legislación, sino que con las ciencias exactas de las cuales el Derecho ambiental se nutre para establecer sus regulaciones.
En este complejo escenario, el abogado tradicional que siempre se ha conocido debe evolucionar, y la irrupción de tribunales de esta naturaleza –un atisbo tal vez se vio con los tribunales de defensa de la libre competencia- obliga a los estudios jurídicos a configurarse en forma multidisciplinaria, incorporando en su equipo a científicos y economistas, de manera de abarcar todas las aristas de los problemas ambientales, en forma integral, a nivel de las grandes consultoras que asesoran a los titulares de los proyectos de envergadura.
Ahora, en cuanto a la docencia, la entrada en vigencia de tribunales multidisciplinarios como el nuestro, debiera redundar en un cambio en el enfoque académico de la enseñanza del Derecho. Lo anterior, porque en Derecho Ambiental nos enfrentamos a situaciones en donde no basta únicamente la vía legal para solucionar los conflictos, por lo que es necesario, en las aulas, incorporar temáticas transversales, en este caso en materia de derecho ambiental, para darle las herramientas necesarias a los futuros profesionales del derecho que les permitan romper el paradigma actual e integrar principios de la economía o las ciencias en sus razonamientos. Se espera con esto acometer en un mejor pie la tarea de representar los intereses de terceros que se encuentren en conflicto, cuando verse sobre materias respecto de las cuales el Derecho no baste para solucionarlas.
Así, al menos en el tema ambiental, se avizora la extinción del concepto de “Abogado de cabecera”, aquel profesional que trabajaba en forma unipersonal, atendiendo todos los asuntos de una empresa o familia desde una perspectiva enteramente legal.
La instalación de los tribunales ambientales en nuestra institucionalidad debe ser un desafío que se enfrente con la mayor seriedad posible, especialmente en las escuelas de Derecho. Esta es una responsabilidad que los abogados no podemos esquivar, si lo que pretendemos es fortalecer el rol de nuestra profesión en la sociedad.
